El impacto de las estaciones de servicio de carburantes sin personal o desatendidas en los derechos de las personas con discapacidad en España

La proliferación en los últimos años de las estaciones de servicio de carburantes desatendidas en España –ante la pasividad, cuando no la connivencia de los Gobiernos y autoridades públicas–, ha supuesto un grave perjuicio para las personas con discapacidad ya que han visto cómo les era negado el acceso a un servicio esencial, tanto por la falta de accesibilidad de las mismas, como por la inexistencia de personal para ser atendidas. Este hecho no solo ha dañado a las personas con discapacidad, grupo social severamente castigado, sino también a los derechos de las personas consumidoras en general, y de quienes prestan sus servicios en estas instalaciones, que han experimentado una reducción de empleo muy preocupante.

Ante esta situación alarmante de retroceso social y de derechos, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha venido actuando, en el plano europeo, español y autonómico, exigiendo legislación protectora que obligue a que todas las estaciones de servicio de carburantes cuenten con personal que atienda especialmente a los consumidores con discapacidad y mayores que lo requieran.

Para justificar esta demanda, aportando argumentos jurídicos, sociales, operativos y hasta económicos, el CERMI ha elaborado este amplio informe que acredita sobradamente que el modelo de estaciones de servicio sin personal vulnera la legislación europea y española y debe ser impedido, reorientándolo por vía legal, plenamente respetuosa de los principios y mandatos tanto de los ordenamientos de la Unión Europea como del español, a un modelo accesible e inclusivo, que no segregue ni excluya por razón de discapacidad, comprometiendo el derecho básico humano a la libre circulación y a la movilidad.