Concordia en las Cortes y violencia en las cárceles

Rige la actividad de nuestras prisiones, desde su aprobación en 1979 hasta la actualidad, la primera Ley Orgánica de la entonces naciente democracia española: la General Penitenciaria. El Gobierno de Adolfo Suárez abordó la situación carcelaria con determinación y la Cortes Generales aprobaron con el más amplio consenso posible una norma jurídica de elevada calidad técnica que trasladó a la ejecución penal los postulados del Estado social y democrático de Derecho entonces anhelado. Esta Ley Orgánica se justifica en la insostenible situación del sistema penitenciario heredado del franquismo y surge gracias a la firme voluntad mostrada por todos los responsables políticos para su radical transformación. . El presente trabajo analiza sus antecedentes jurídicos y el entorno filosófico, económico y criminológico de aquellos apasionantes años, demostrando que su tramitación y contenido se inspira en el llamado Espíritu de la Transición, término que recoge el afán democratizador y reformista de España frente a los intentos rupturistas del momento. La modernización exitosa de la Institución Penitenciaria se pone en relación con la también alcanzada en otros ámbitos esenciales para la garantía de una pacífica convivencia —el modelo policial—. Como conclusión se apunta la necesidad de proceder a su revisión y actualización siempre que su esencia y principios queden a salvo. .   . Antonio Andrés Laso, Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid con la tesis La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre: origen, evolución y futuro con la que obtuvo en 2015 el Primer premio Nacional Victoria Kent de investigación interdisplinar en materia penitenciaria. Es Jurista de II.PP., especialista en Derecho Penal, Penitenciario y Administrativo. Ha desarrollado su carrera profesional en Instituciones Penitenciarias —donde ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en varios Centros— y en la Administración territorial del Estado —Secretario General de la Delegación del Gobierno en Castilla y León y Subdelegado del Gobierno en Salamanca—. Igualmente es Profesor en las Facultades de Derecho y de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid donde imparte diversas asignaturas jurídicas y criminológicas, participa en numerosos congresos, simposios y jornadas y colabora habitualmente con trabajos de investigación en revistas especializadas.