La capacidad de la Administración de exigir los ingresos públicos vinculados al deber de contribuir de los ciudadanos implica la concesión de potestades de recaudación y de imposición de infracciones y sanciones tributarias, razón por la que el ordenamiento, en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, otorga una regulación específica, propia, independiente y diferenciada tanto en su imposición como en el procedimiento que se ha de seguir para sancionar.

Las conductas infractoras, la labor de la Inspección en aras de acreditar unos hechos que serán objeto de sanción, el respeto a los principios básicos del procedimiento, el concepto de responsabilidad exclusivo en el ámbito fiscal y la apreciación de culpabilidad, junto con el procedimiento sancionador, son, entre otros, objeto de estudio.