La deuda pendiente de España con Navarra

Las Actas de Cortes de 1503 a 1531 aquí estudiadas, además de aportar datos históricos irrebatibles, se prestan a interesantes análisis. Frente a la obstinación de la historiografía oficial en defender la existencia de una división en Navarra con la que justificar la intervención militar y la conquista, la documentación evidencia la unanimidad de las Cortes en la defensa de toda clase de derechos propios. La inexistencia de diferencias entre la institución de las Cortes y el Consejo Real es constante en los asuntos primordiales políticos y económicos, y siempre son unánimes cuando se trata de defender los derechos de Navarra. La inverosímil interpretación de que los reyes navarros no eran sino moderadores entre ambos bandos (beamonteses y agramonteses), queda rebatida por las Actas, que no reflejan ni una sola manifestación de ninguno de los supuestos grupos. Lo que demuestra que las diferencias no fueron entre navarros, sino de los navarros frente a la gobernación impuesta por quienes llevaron a cabo la invasión armada. Una guerra que no acabó en 1522 sino en 1524, tras las conversaciones llevadas a cabo entre bastidores por las Cortes sobre la rendición de la fortaleza de Hondarribia y sobre el poder, asentado en acta, que se otorgaron los presentes a sí mismos y a los futuros miembros de las Cortes como garantes de los derechos aprobados en ellas, con el título: «Acto último hecho por los Stados de la forma que han de tener las Cortes venideras». (AGN, Actas de Cortes, 1503-1531, fol. 245v.)