La entrada en vigor de la Directiva 2004/39/CE (MiFID I) y posteriormente de su homóloga versión reformada, la Directiva 2014/65/UE (MiFID II), supusieron el triunfo de un compromiso político de relevante calado. El resultado normativo trajo consigo una significativa repercusión para los operadores del mercado, y en especial para los inversores minoristas. Figura esta de trascendental relevancia para los mercados y cuya afección por las consecuencias de la crisis financiera de 2008 resulta incontestable. Por lo que, habiéndose completado no sin retraso, la transposición definitiva de la MiFID II, resulta necesario abordar un estudio a fin de valorar el actual ámbito de tutela de estos inversores minoristas.