En La tutela judicial frente al daño ambiental colectivo el autor se propone someter a prueba la aptitud de los ordenamientos jurídicos de Argentina y España para abordar una pretensión de tutela ambiental colectiva. Realiza entonces un análisis comparativo partiendo de la siguiente premisa: la inadecuación de las normas procesales afecta no sólo al acceso a la jurisdicción sino también a la justicia ambiental misma, considerada desde una visión multidimensional (Schlosberg, 2009). Con este cometido, el texto repasa la normativa supranacional dedicada al derecho de acceso a la justicia ambiental —incluyendo el recientemente adoptado Acuerdo de Escazú— y revisa los sistemas de tutela desde la normativa, la doctrina y la jurisprudencia. El autor concluye su obra con consideraciones críticas y propuestas de modificación legislativa, las que entiende necesarias para una adecuada tutela del ambiente, y de los intereses difusos en general, en un contexto de conflictividad global creciente.