NEGOCIANDO LA IGUALDAD EN LAS EMPRESAS

En nuestros días se encuentra comúnmente aceptada la consideración del principio de igualdad como valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, que como tal ha de inspirar con carácter transversal las actuaciones de los poderes públicos. Desde la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, se instaura en nuestro ordenamiento un marco normativo específico para la negociación colectiva de medidas de igualdad por razón de sexo, a través de la regulación de los planes de igualdad en las empresas y otras medidas de promoción de la igualdad que realiza el propio texto de esta norma -Capítulo III del Título IV-, y algún otro precepto que aparece dedicado al fomento de la igualdad -artículo 43- y también a través de la figura de los planes de igualdad, esta vez en el ámbito específico del empleo público estatal -artículo 64-. En este último precepto se enmarca precisamente, la reciente aprobación del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos (BOE 1 de junio 2011).