Reforma federal y estatutos de segunda generación (Papel + e-book)

La crisis territorial es una más de las que asolan España en este inicio de siglo, junto a la económico-financiera y la institucional. Basta mirar a Cataluña para concluir que no es una crisis menor. En este libro se analizan las razones de la crisis y se presentan los términos concretos en los que debería abordarse la reforma federal de la Constitución. La crisis territorial tiene una razón funcional de carácter jurídico-constitucional y una razón política vinculada al impulso del independentismo en Cataluña. Actúan, en cualquier caso, imbricadas. La razón jurídico-constitucional tiene su origen en el carácter indeterminado del modelo territorial y se ha visto agudizada por la “devaluación” que ha hecho la STC 31/2010 (Estatuto de Cataluña) del Estatuto de Autonomía, pilar sobre el que se ha asentado hasta aquí el Estado autonómico. La razón política se vincula al reto que supone para la existencia del Estado la hoja de ruta impulsada desde el propio gobierno autonómico de Cataluña. El pacto federal se presenta como un punto de encuentro ante este conflicto territorial. Con estos presupuestos, el libro se adentra en los contenidos constitucionales que deberían ser objeto de reforma en los tres ámbitos más trascendentes desde la perspectiva territorial: quien ejerce el poder (reparto de competencias); como se ejerce (relaciones de colaboración) y como se financia (principios de la financiación autonómica). Esta propuesta de reforma federal de la Constitución no se hace ex novo sino que parte de las innovaciones incorporadas por los Estatutos de segunda generación, especialmente los de Cataluña y Andalucía. Las objeciones puestas por el Tribunal Constitucional al contenido del Estatuto de Cataluña se vinculan a su inclusión en una fuente con eficacia territorial limitada cual es el Estatuto de Autonomía. Por tanto, se defiende en este trabajo el traslado a la Constitución de las aportaciones de esos Estatutos en la definición de las competencias, la participación en las decisiones del Estado o los principios que rigen la financiación autonómica.