Derechos humanos y discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) publica por quinto año consecutivo el informe de situación de los derechos humanos y las personas con discapacidad en España, correspondiente en esta ocasión al año 2012. En su condición de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estatus oficial reconocido por el Estado español, el CERMI viene elaborando desde el año 2008 un informe anual en el que se examina el cumplimiento por parte de España del tratado internacional de la discapacidad.

El informe examina sistemáticamente la calidad de los derechos de las personas con discapacidad en España, con arreglo al marco de protección y promoción establecido por la Convención, señalando las vulneraciones más graves o insidiosas, formulando propuestas de solución o mejora y detectando y exponiendo buenas prácticas en el despliegue del texto jurídico internacional de la discapacidad.

Como aportación singularmente pertinente, el informe de 2012 incluye una amplia “clínica jurídica”, elaborada por el Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre los procedimientos de internamiento no voluntario a los que son sometidas ciertas personas con discapacidad en España, y que contravienen como queda acreditado derechos humanos fundamentales.

Con este de 2012, son cinco los informes hechos públicos hasta ahora, que coinciden con el periodo en que la Convención de la Discapacidad resulta de aplicación en España, tras su entrada en vigor en mayo de 2008.

Como material para facilitar la supervisión del cumplimiento de la Convención, el informe es remitido por el CERMI al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con sede en Ginebra (Suiza), como máxima autoridad en el seguimiento mundial de la Convención, y en España, al Gobierno de la Nación, a las Cortes Generales, a través de la Comisión de Discapacidad del Congreso, a la Defensora del Pueblo, a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial.